El pasado 4 de noviembre la Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación (AGPTI) celebró en Vigo una mesa redonda titulada «Problemática actual do sector profesional da tradución/interpretación». En ella se abordó la problemática generada recientemente por empresas o grupos de empresas como Lionbridge y FEGILT-SEIL. El éxito de la convocatoria dejó patente la preocupación del sector por una serie de prácticas que afectan de forma muy negativa a la dignidad de la profesión, a las condiciones de trabajo y, en última instancia, a la calidad de las traducciones.
La mesa redonda estuvo moderada por Saleta Fernández, vicepresidenta de AGPTI, y en ella participaron, además, Cruz Losada, traductora externa de Lionbridge, Margaret Clark, presidenta de Asetrad, y José Ramón Liz Montes, asesor laboral y jurídico de AGPTI.
Cabe destacar, además, que las principales asociaciones del sector (ACE Traductores, APTIC, APTIJ, Asati, Asetrad, MET y UniCo) apoyaron expresamente la actividad como muestra de rechazo a las prácticas que algunas de las empresas y organizaciones mencionadas en el acto están intentando introducir en nuestro ámbito profesional.
LIONBRIDGE: CÓMO CONVERTIR AL PROVEEDOR EN COMPRADOR
Cruz Losada describió las desesperadas maniobras aplicadas por Lionbridge para reducir sus pérdidas, las cuales han provocado una indignación prácticamente unánime entre sus proveedores. Al parecer, esta empresa pretende reducir costes, por un lado, convirtiendo al traductor en una fuente de ingresos, y, por el otro, presionándole para que asuma mediante una reducción de sus tarifas la mala situación económica en que ha incurrido Lionbridge, una empresa cuyo balance económico preocupa desde hace tiempo a propios y extraños.
Para transformar al traductor en fuente de ingresos, Lionbridge intenta implantar una herramienta de traducción asistida propia, Translation Workspace. Esta herramienta, en la práctica, solo sirve para trabajar con Lionbridge y su uso implica pagar una cuota mensual. Como consecuencia, el traductor que quiera seguir colaborando con la empresa o que desee empezar a trabajar para ella debe abonar un peaje. En otras palabras, Lionbridge pretende convertir al proveedor en un cliente forzado.
Entre las condiciones más onerosas del empleo de Translation Workspace figuran las siguientes:
- La necesidad de pagar la cuota mensual de 10 euros aun durante el mes de vacaciones o en caso de baja por enfermedad, so pena de una comisión por cancelación de 30 euros.
- El almacenamiento de las memorias de traducción del profesional autónomo en el servidor de Lionbridge, con la particularidad de que su acceso a ellas caduca a los 60 días, salvo que se pague por mantenerlo.
La respuesta de los proveedores no se ha hecho esperar en países como Italia, Francia y España, entre otros. Se han creado foros nacionales coordinados entre sí, se han enviado cartas a los responsables de Lionbridge, se han celebrado, sin resultado, reuniones con los responsables de Lionbridge en Madrid. La consecuencia de esta oposición casi generalizada ha sido la negativa de un sector importante del colectivo de traductores externos de suscribirse a Translation Workspace. Esta oposición parece haber sorprendido a la dirección internacional de Lionbridge. Su respuesta ha dado grandes muestras de improvisación, cuando no de una evidente falta de coordinación.
Los problemas económicos por los que está pasando la multinacional son la comidilla del sector. Esto no justifica, sin embargo, la última vuelta de tuerca que ha intentado dar Lionbridge. Ante las cifras negativas que ha presentado la empresa en el tercer trimestre de este año, no se le ha ocurrido nada mejor que enviar un mensaje a toda su base de colaboradores externos exigiéndoles una rebaja del 5 % en sus tarifas. La respuesta de muchos de sus colaboradores se ha situado entre la burla y el rechazo absoluto.
FEGILT-SEIL: ¿HOMOLOGARSE O NO EJERCER?
Margaret Clark, a su vez, comenzó su intervención exponiendo el panorama actual del asociacionismo entre las empresas de traducción e interpretación en España. Explicó que de las dos asociaciones existentes, ACT (Asociación de Centros de Traducción) y ANETI (Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación), aunque ambas representan a un número similar de empresas, la primera tiene una trayectoria más larga y es la autora de la iniciativa para crear FEGILT (Federación Española de Globalización, Internacionalización, Localización y Traducción), organización empresarial integrada en la CEOE.
Seguidamente pasó a explicar que en 2009 FEGILT, junto con AENOR (entidad privada de nombre Asociación Española de Normalización y Certificación), ACT y diez empresas asociadas de esta última, constituyeron SEIL, S.A., brazo gestor de ACT-AENOR y FEGILT-CEOE, según la página web de la nueva empresa. Entre los servicios que vende se encuentra el de homologación para traductores de acuerdo con la norma de calidad 15038 que, según reza la información proporcionada por SEIL, «aumenta las posibilidades de trabajar en el sector».
La presidenta de Asetrad invitó a reflexionar sobre esta homologación, manteniendo que su necesidad y utilidad son cuando menos cuestionables, por una serie de razones.
- Ya existen en España otras titulaciones y certificaciones, oficiales y muy respetadas, que demuestran con mucha mayor fidelidad y transparencia la valía de un traductor: las licenciaturas y grados en traducción e interpretación y el examen de traductor-intérprete jurado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
- Aunque pretenda homologar a los traductores «según la norma 15038», el proceso que contempla SEIL de hecho no evalúa todas las competencias de éstos que se enumeran en la norma, y en cambio añade otras que no están recogidas en la 15038. En realidad, la pretendida «homologación», según la descripción del proceso publicada en la página web de SEIL, se parece sospechosamente al procedimiento de selección de colaboradores que lleva a cabo cualquier empresa de traducción. Es decir, sin añadir valor alguno para el sector, incrementa sus costes, que imputa a los traductores autónomos, a los que se pretende cobrar entre 70 y 90 euros/año por disponer de esta credencial de dudosa utilidad.
- La necesidad de renovar la homologación anualmente obedece a un criterio equivocado, que se ha tomado prestado de las normas de calidad en general, que se basan en los procedimientos de producción, no en la calidad real del producto final.
Al finalizar, Margaret Clark se lamentó de que la promesa solapada de más trabajo con las empresas que se han adherido al sistema vaya claramente dirigida a los traductores más noveles y por lo tanto más vulnerables a esta clase de campañas.
PATRONALES Y CONVENIOS COLECTIVOS
La intervención del asesor laboral y jurídico de AGPTI se centró en valorar la relevancia de un convenio colectivo para el sector de la «industria de la lengua», como ha venido fomentando FEGILT recientemente. Ante la perplejidad de que la iniciativa sea promovida por FEGILT, también aventuró algunas hipótesis sobre los motivos que puede tener esta organización para iniciar una negociación colectiva que puede ir en contra de sus intereses empresariales.
José Ramón Liz expuso que un convenio colectivo es un documento que regula las relaciones laborales entre una empresa y sus empleados. Por tanto, ni el convenio actual ni uno nuevo y específico para el sector afecta directamente a los autónomos, salvo que tengan empleados. A continuación, explicó que para promover un convenio colectivo, una organización empresarial debe contar con una representatividad de al menos el 10 % de las empresas del sector que empleen al menos el 10 % de los trabajadores. Para poder negociar un convenio de estas características, las organizaciones patronales han de representar en su conjunto al 50 % más uno de las empresas y de los trabajadores del sector en cuestión. También indicó que los sindicatos no tienen obligación de negociar un convenio si no lo desean, lo que no ayuda a entender precisamente qué hace una patronal promoviendo un convenio.
Entre las hipótesis sobre los motivos ocultos que FEGILT podría tener para proponer un nuevo convenio, el asesor jurídico de AGPTI barajó la posibilidad de que se quisiera incluir en él la figura del traductor homologado (siendo SEIL, el «brazo ejecutor» de la federación, el encargado de proporcionar la homologación).
Tras las intervenciones se inició un animado turno de preguntas en que se aludió a la insistente campaña de captación de nuevas empresas que está llevando a cabo FEGILT. También se debatió sobre la propiedad intelectual de las memorias de traducción y sobre el carácter legal o abusivo de herramientas como Translation Workspace. Tanto durante el intercambio como a la salida del acto, se destacó la importancia de hacer frente de forma colectiva a las malas prácticas que están intentando imponer ciertas empresas del sector.
Fuente: ASETRAD
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