Acerca de la firma del traductor-intérprete jurado y los requisitos que la ley no pide

Hoy vamos a tocar el tema de la legitimación de la firma del traductor-intérprete jurado. Cada cierto tiempo vuelve a surgir una de las eternas cuestiones y problemas con la administración. El funcionario de turno dice que no acepta una traducción jurada porque, según su criterio, le falta algún requisito. En el último caso que llegó a mis oídos el funcionario le señaló al cliente del traductor que no podía aceptar la traducción jurada porque no llevaba el sello del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esa afirmación fue confirmada por el superior de dicho funcionario y el ciudadano se tuvo que ir a su casa sin haber podido resolver la gestión.

La capacidad de la mente humana en inventarse cosas inexistentes es francamente sorprendente. Porque la ley no dice nada acerca de un sello del Ministerio de Asuntos Exteriores o de otras tantas cosas que hemos ido escuchando a lo largo de los últimos años y que se nos piden de forma aleatoria y arbitraria. Así que vamos a ver si aclaramos este asunto.

La norma que regula a los traductores-intérpretes jurados es el Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El traductor-intérprete jurado no adquiere con su nombramiento la condición de funcionario público pero eso no es obstáculo para que sus traducciones tengan carácter oficial con validez en todo el territorio nacional. Para ello únicamente tiene que certificar con su firma y sello su actuación conforme a lo señalado por la correspondiente norma legal. Es decir, que no se requiere ninguna intervención adicional de nadie. Y eso es lo que viene a decir el artículo 6 del Reglamento de la OIL:

Artículo 6. Traducciones e interpretaciones juradas

1. Las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa que realicen los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as tendrán carácter oficial, pudiendo ser sometidas a revisión por la Oficina de Interpretación de Lenguas las traducciones cuando así lo soliciten las autoridades competentes.

2. Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as podrán certificar con su firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones, empleando la fórmula que a tal efecto se dicte en la orden de desarrollo del presente Real Decreto. En esta orden se indicará, asimismo, la forma y contenido exacto del sello.

Obsérvese como el artículo 6 habla de certificar con su firma y sello y no que el Ministerio de Asuntos Exteriores tenga que dar adicionalmente el visto bueno (tal y como decía nuestro funcionario estrella al inicio). Por lo tanto, no se requiere legitimar la firma del traductor-intérprete jurado o ponerle a la traducción jurada un lazo de color azul.

Para darle un poco más de fuerza a lo indicado, que en mi opinión es de puro sentido común, voy a hacer una breve referencia a lo que señaló en su día la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN). Que una cosa es que lo diga yo y otra muy diferente que lo haga la DGRN. Pero vayamos al grano. La DGRN tuvo que pronunciarse en un asunto idéntico al de nuestro funcionario ilustrado aclarando lo que acabo de explicar. Corría el año 2002 y el Registro de la Propiedad de Alicante se negó a inscribir una escritura de préstamo hipotecario ya que, entre otras cosas, no se había legitimado la firma del traductor jurado. La DGRN revocó la nota del Registrador y precisó que no era necesario legitimar la firma del traductor-intérprete jurado en una traducción, firmada y sellada por el mismo, si se ha justificado su condición:

«1. La primera cuestión que se plantea en el presente recurso es la necesidad o no de legitimación de la firma de traductor jurado en una documentación por él redactada y que se presenta en el Registro. A la necesidad de traducción de documentos en idioma extranjero se refiere el artículo 37 del Reglamento Hipotecario determinando que la traducción sea realizada por la Oficina de interpretación de lenguas o por funcionarios competentes autorizados en virtud de leyes o convenios internacionales o en su caso por un Notario, pudiendo el Registrador prescindir bajo su responsabilidad de la traducción cuando conozca el idioma de que se trate. Tratándose de traductores con titulación oficial en España, el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores se refiere a los intérpretes jurados; conforme al artículo 13 de dicho Reglamento la traducción realizada por éstos tiene carácter oficial, determinando que los mismos certificarán con su firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones. En el presente caso aparece el documento firmado y sellado, y además se ha justificado mediante el traslado de la resolución administrativa pertinente la condición de intérprete jurado de la persona que firma el documento. Por ello ha de entenderse justificada la condición oficial de la traducción y la persona que la realiza. Procede pues estimar el recurso en este punto.»

(Resolución de 4 de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado)

En palabras sencillas: es suficiente con la firma y el sello del traductor-intérprete jurado.

Dos últimos apuntes en relación con la resolución de la DGRN: El antiguo artículo 13 del Reglamento de la OIL es ahora el artículo 6 y el tener que justificar la condición del intérprete jurado es un punto del que en la actualidad podemos, al menos en el día a día de una gestión ordinaria cualquiera, prescindir. La lista de los traductores-intérpretes que consta en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores no sólo es pública sino que recoge a todos los traductores-intérpretes jurados nombrados por el Ministerio. Si se quiere comprobar el nombramiento de un traductor-intérprete jurado es tan sencillo como consultar la lista.

Fuente: El Gascón Jurado

Cuadriculatura e inflexibilidad en la traducción

En los grandes proyectos de traducción nos encontramos frecuentemente con el problema de que aún existen bastantes traductores que no se han adaptado aún a los avances tecnológicos del procesamiento de textos y presentan sus traducciones en texto corrido como si debido al uso de máquinas de escribir mecánicas no hubiere posibilidad alguna de una presentación mejor.

Especialmente en el caso de contratos y otros textos legales, que o bien son objeto de negociación o de prueba en procedimientos judiciales, la facilidad de poder encontrar los apartados de un documento es muy importante para facilitar el trabajo al cliente, que es a fin de cuentas quien debe quedar contento. Pero si los textos se presentan sin reflejar exactamente o al menos al máximo la estructura del texto original, no sólo se complica el trabajo del cliente con los textos, sino además la presentación de la traducción resulta ser deficiente y puede causar descontento por parte del cliente, ya que una mala presentación, por muy buena que sea la calidad del texto traducido, siempre hace perder muchos puntos y disminuirá el grado de satisfacción del cliente.

Algunos traductores, especialmente cuando son intérpretes jurados, aducen que usan el texto corrido por seguridad para evitar que las traducciones puedan ser enmendadas. Pero este argumento es bastante absurdo, ya que para este supuesto existen técnicas como las usadas por los notarios para invalidar espacios sobrantes. Pero al margen de ello, en nuestra experiencia hasta la fecha no ha habido casos en los que se hubiera modificado una traducción para alterar su contenido, y en cualquier caso, si eso se hiciere, siempre existen las ratificaciones del intérprete jurado en un procedimiento judicial en el cual una de las partes haya alegado la falsedad de la traducción.

Otro argumento esgrimido por alguno es que el cliente debe presentar todos sus documentos en Word o convertidos a Word, porque en caso contrario no podría mantenerse el formato original. Pero en su mayoría, los clientes no quieren complicaciones de este tipo y suelen disponer sólo de documentos en formato pdf o en imagen jpg o similar, lo que no puede ser impedimento para reproducir exactamente el texto con su estructura original.

De hecho, nosotros siempre hemos trabajado igual con documentos presentados en Word o en pdf o en papel, ya que escribir o no sobre un documento en Word o escribir el texto en un documento en blanco es, en realidad, lo de menos, e incluso facilita el trabajo a la hora se respetar negritas, subrayados, cursivas, sangrías y numeraciones de artículos, párrafos e incisos. Y al final, de no trabajar así "por perder mucho tiempo con formatear el texto", es la empresa d e traducción que tiene que realizar este trabajo, y eso es aún mucho más laborioso, sin que al final este trabajo adicional sea recompensado ni tenido en cuenta por el traductor subcontratado.

Especialmente en los tiempos actuales es poco comprensible que aún existan métodos de trabajo tan rudimentarios y que algunos traductores no vean la necesidad de adaptar la presentación de sus traducciones a los avances de la tecnología del procesamiento de textos. Eso incluye también otros elementos como firmas, sellos y logos que hoy en día se pueden copiar o reproducir sin dificultad técnica alguna y contribuyen a que el documento final de una traducción refleje al máximo el original y facilite la comparación entre matriz y traducción en cualquier situación (en una negociación, ante el juez o en un arbitraje o simplemente en el trabajo normal con documentos traducidos y originales).

Al final lo agradecerá el cliente, que quedará satisfecho con un trabajo bien presentado, y con ello se contribuye a la fidelización de éste, que en estos tiempos de crisis es un aspecto muy importante a tener en cuenta.

La flexibilidad en los métodos de trabajo y en las formas de trabajar es una ventaja competitiva. Lo que supone ser cuadriculado ya lo vemos en las administraciones públicas, obsoletas e ineficientes, que cuestan más de un quebradero de cabeza y muchos nervios al ciudadano moderno. 

¿Qué papel se debe usar en la traducción jurada?

Las traducciones juradas son documentos públicos, y como tales deben presentarse en una calidad que permita el uso frecuente de las mismas como si fueran escrituras públicas.

También deben presentarse en un papel que no sea traslúcido y que no absorba la tinta de los sellos del intérprete jurado.

Generalmente, el papel de 80 gramos suele ser insuficiente y demasiado débil, mientras que él de 90 gramos tiene la textura adecuada para evitar que trasluzcan los sellos y el texto impreso. En cualquier caso, no resulta conveniente imprimir las traducciones en ambas caras, salvo que se quiera expedir un documento al estilo de los notarios, dentro de una carpeta o de forma encuadernada.

Una alternativa al papel común es el uso de papel timbrado, pero éste tiene un coste elevado, ya que como mínimo está provisto de pólizas impresas de 5 céntimos de euro. Tiene la ventaja adicional de que lleva numeración continua, lo que impide cualquier intento de falsificación o sustitución de texto, pero ello hace también necesario que la certificación del intérprete jurado indique exactamente la numeración de los folios utilizados para expedir la traducción.

Un método igualmente seguro es la encuadernación de las traducciones junto a la copia del documento original. Existen diferentes tipos de encuadernación, siendo él de anillas el más práctico, porque muchos clientes necesitan copiar las traducciones y así resulta más fácil dar la vuela a las hojas, mientras que si se usan cordones y precintos, el deshacer la traducción supone estropear el precinto e invalida, en el fondo, la garantía de inviolabilidad de la traducción jurada. Eso sí: La encuadernación con cordones es vistosa y da al documento un aspecto muy profesional y valioso.

La presentación más sencilla es la de la grapa cubierta con un clip de aluminio que permite doblar la esquina del documento (siempre que sea de pocas páginas) o el uso de remaches metálicos especiales para documentos que unen las hojas sin que éstas puedan ser separadas sin romperlas, pero es un sistema bastante costoso por tener que disponer de un aparato especial, al igual que ocurre con la encuadernación con anillas. 

Los problemas de la Traducción Jurídica

Cuando se trata de definir y separar más o menos claramente las disciplinas de la Traducción Jurídica y la Traducción Jurada, es verdad que hay que admitir que “Traducción Jurídica” es un concepto mal definido identificado con la doctrina de la tipología textual, que establece tipos de textos que tampoco están bien delimitados entre sí. Es por esto que en la práctica resulta imposible separar materias como la Traducción Jurada y la Traducción Jurídica.

Al igual que un texto puede clasificarse de diferentes maneras en función de la perspectiva con la que se analice, también existen varias formas de traducir el mismo texto:

- El propio traductor es el origen de esta variación traductora. Debido al tipo de formación que ha recibido, sus concepciones estilísticas, el tiempo del que disponga, etc., el resultado final de la traducción variará considerablemente de un profesional a otro.

- Aunque en este tipo de textos se da una fuerte oposición en la sinonimia dentro de un mismo idioma, hay que tener en cuenta el grado de variación que se da a la hora de escoger una u otra solución para traducir una expresión jurídica. Hay que conocer cuáles son las posibilidades de traducción de una expresión para referirse a conceptos con los que el interlocutor no está familiarizado. Sin embargo, este tipo de inventarios está incompleto de momento y sin una sistematización completa.

Cuando se recurre a los servicios de un traductor jurado es porque se necesita certificar que se posee una “traducción fiel y completa” del texto original. En cierto modo, en el campo de la traducción jurídica esta máxima se ha convertido en una obligación generalizada, por lo que la literariedad ha llegado a convertirse en una de las principales características de este campo de la traducción.

La literariedad no sólo constituye la regla general en la traducción jurada, sino que por extrapolación se ha convertido en una característica que se exige también al traductor jurídico, ya que es considerada como una medida para prevenir una traducción que no respete la verdad y para identificar información original, aunque en muchas ocasiones puede dificultar la comprensión y obviar casi por completo el estilo.

La responsabilidad que rodea las figuras del traductor jurídico y jurado viene dada por la trascendencia de los documentos que en un momento dado pueden llegar a manipular. Es por este factor por el que la terminología adquiere una gran presencia en este tipo de textos.

Se puede llegar a considerar que la solución para traducir un concepto jurídico es el tratamiento de éste como una “referencia cultural”, es decir, un concepto no compartido entre los hablantes de las culturas que entran en contacto a través del documento. Así, el mecanismo de búsqueda de soluciones se basará en la consideración de la traducción jurídica como una expresión intercultural más que como la traducción de un documento de una transacción bilingüe.

Como he dicho antes, los interesados en una traducción jurídica prefieren una traducción literal, pero, en lo referente al tema de la traducción de la terminología especializada, la literariedad es imposible en una gran cantidad de ocasiones, debido a que se producen situaciones de inexistencia de un equivalente directo entre conceptos jurídicos de distintos sistemas.

En dichas circunstancias se suele recurrir a lo que se denomina un equivalente funcional, es decir, sustituir en la lengua de llegada el concepto de la lengua original por otro concepto o institución jurídica que desempeñe el mismo papel en la cultura de la lengua meta. Esta solución se utiliza básicamente para satisfacer las necesidades de comprensión cuando el destinatario no está familiarizado con el sistema jurídico del documento original, pero dificulta en gran medida las exigencias de identificación, que podrían solventarse con transcripciones o calcos.

A las dificultades ya referidas hay que añadir las restricciones impuestas por el resto de los participantes del acto de la traducción, es decir, el cliente, el iniciador, el destinatario, cuyas exigencias requieren a menudo soluciones que pueden ser incompatibles entre sí y con las del traductor.[1]

Ildefonso Laguna

Tradublog

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[1] MAYORAL ASENSIO, Roberto. “¿Cómo se hace la traducción jurídica?”. Web del Traductor Jurídico

El uso del papel timbrado para las traduccones juradas

En la legislación española no existe ninguna norma que obligue a presentar una traducción jurada en papel timbrado. Sin embargo tampoco existe nada que lo prohíba.

 

Algunos intérpretes jurados usan dicho papel oficial para dar mayor solemnidad a sus traducciones. La ventaja es, sin duda, que los folios vienen numerados y sirven para protocolizar las traducciones, al igual que lo hacen los notarios. De esta manera se pueden distinguir también las copias juradas de las fotocopias que pueden hacer los clientes, y así sólo serán válidas para fines oficiales las copias expedidas en papel timbrado.

Al usar dicho papel timbrado, es necesario consignar en la certificación los números de los folios, al igual que lo hacen los notarios. Supone más trabajo, aunque puede que esté compensado por una tarifa diferente.

En general, las traducciones juradas en papel timbrado se encuentran en desuso en la actualidad. Sin embargo, ningún traductor jurado suele oponerse si el cliente solicita expresamente que la traducción se realice en papel timbrado. Para que una traducción jurada sea válida, es suficiente que esta última esté impresa en papel y que tenga la certificación, la firma y el sello de un traductor jurado nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.

La certificación obligatoria en las traducciones juradas

Según el reglamento español que regula las traducciones juradas, toda traducción jurada debe ir acompañada por un documento con la certificación del traductor intérprete jurado. Esta certificación está regulada en el anexo I de la Orden de 8 de febrero de 1996:

Don/doña ............................. (nombre y apellidos), Intérprete Jurado de .................... (idioma), certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al ................. (lengua de destino) de un documento redactado en ................ (lengua de origen) En ...... (lugar), a ............. (fecha).
FIRMA
SELLO (conforme al artículo 7.6)

Además, cuando se trate de una traducción del español al otro idioma, esta certificación debe ir tanto en español como en la lengua de meta. Es obligatorio que siempre conste la certificación en español.

Asimismo, los sellos del intérprete jurado que van en cada página deben ser en el idioma de la traducción (español o lengua meta, respectivamente).

¿Puede añadirse información adicional en la certificación de una traducción jurada?

Los campos que aparecen en la certificación que consta en el anexo I de la Orden de 8 de febrero de 1996 son obligatorios. Sin embargo, algunos traductores jurados añaden información adicional sobre la traducción. Estos pueden ser el número de páginas del que consta la traducción, si la traducción se ha realizado a partir de un documento original o si, por el contrario, se ha utilizado una fotocopia, documento transmitido por fax, etc. 

Es útil emplear el sistema de números de protocolo para lllevar un registro o control de las traducciones juradas y aumentar la seguridad de que no se inserten páginas en las traducciones o se utilicen páginas en blanco provistas sólo con el sello.

Cada página debe ir firmada (rubricada) para garantizar que proceden del traductor jurado, ya que en un juicio podría ser necesario certificar ante el juez que estas páginas han sido traducidas y firmadas por el traductor.

De traducciones juradas y registros civiles

Viernes y el fin de semana acecha. Pero mientras que llega estaba explicándole hoy a un cliente los pormenores de las traducciones juradas (en concreto la suya) surgiendo una cuestión que conviene recordar en relación a documentos emitidos por un registro civil extranjero: No todos los documentos necesitan de una traducción jurada. A mayor abundancia, si además son plurilingües y vienen ya expedidos en un modelo estándar internacionalmente acordado. Esto es un punto que ignoran incluso algunos funcionarios de los registros civiles españoles pidiendo a diestro y siniestro traducciones juradas cuando no son necesarias. Porque si tenemos en cuenta lo que dice la ley y lo establecido por los convenios internacionales existen supuestos de exención de legalización y traducción.

Conviene resaltar que no pretendo exponer aquí un listado exhaustivo y detallado para cada uno de los supuestos que se puedan ir dando, sino simplemente llamar la atención sobre el hecho de que en materia de registros civiles no siempre se requieren traducciones juradas.

La regulación legal la tenemos en el Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil que viene a decir lo siguiente:

SECCIÓN II. DE LOS REQUISITOS COMPLEMENTARIOS DE LOS DOCUMENTOS

Artículo 86.

Con los documentos no redactados en castellano ni en ninguna de las demás lenguas oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, o escritos en letra antigua o poco inteligible, se acompañará traducción o copia suficiente hecha por Notario, Cónsul, Traductor u otro órgano o funcionario competentes.

No será necesaria la traducción si al Encargado le consta su contenido.

Sin embargo, como nunca nadie se quiere comprometer con los contenidos que constan en un idioma que no sea el propio qué mejor que pedir traducciones juradas. No obstante, volvemos a lo dicho y ojo porque en función del documento y el país de origen (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Suiza, Turquía y Yugoslavia) no es necesario malgastar dinero en traducciones que nadie necesita.

Para condensar la materia en unas pocas líneas y tomando como ejemplo los países citados me remito a una circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado que resume el tema dejando claro que en determinados casos las certificaciones plurilingües no necesitan de traducción o legalización alguna (la circular se puede consultar en el BOE núm. 236 de 2 de octubre de 1987 así como el convenio al que se hace referencia que fue publicado en el BOE núm. 200 de 22 de agosto de 1983): 

Circular de 24 de septiembre de 1987, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la exención de legalización y, en su caso, de traducción por aplicación de los Convenios números 16 y 17 de la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC).

Ilmos. Sres.:

El Convenio número 16 de la CIEC sobre expedición de certificaciones plurilingües de las actas del Registro Civil (ratificado por España el 30 de enero de 1980 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 22 de agosto de 1983) establece unos modelos de certificaciones en extracto dispensadas de legalización (artículo 8 ) y obviamente también de traducción, puesto que su texto recoge el idioma castellano. Por su parte el Convenio número 17 de la CIEC sobre dispensa de legalización de ciertos documentos (ratificado por España el 27 de enero de 1981 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de mayo siguiente, corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado de 16 de julio) exime de legalización, en las condiciones que detalla su artículo 2 y sin perjuicio de la comprobación prevista en casos de duda grave por los artículos siguientes, a los documentos que se refieran al estado civil, a la capacidad o a la situación familiar de las personas físicas, a su nacionalidad, domicilio o residencia, así como a cualquier otro documento que haya sido extendido para la celebración del matrimonio o para la formalización de un acto del estado civil.

La aplicación práctica de estos convenios choca a veces con el inconveniente de que las autoridades o funcionarios a quienes se les presentan las certificaciones o documentos aludidos ignoran cuales son los países que forman parte de ambos convenios. Consiguientemente, a la vista del estado actual de ratificaciones y teniendo en cuenta también que el Convenio número 16 ha venido a sustituir en algunos países a las anteriores certificaciones plurilingües establecidas por el Convenio número 1 de la CIEC, esta Dirección General ha acordado hacer pública la lista de países que han de ser objeto en España de tratamiento privilegiado respecto de las certificaciones o documentos antes expresados.

1. Convenio número 16 de la CIEC.

Están exentas de legalización y de traducción las certificaciones plurilingües del registro civil expedidas por los encargados de los registros de Alemania Federal, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Suiza, Turquía y Yugoslavia.

2. Convenio número 17 de la CIEC.

Están exentos de legalización, en los términos previstos en el artículo 2 del Convenio, los documentos expedidos por las autoridades de Austria, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo y Portugal.

Madrid, 24 de septiembre de 1987.

El Director general,

Mariano Martín Rosado.

Ilmos. Sres. Jueces y Cónsules encargados de los Registros Civiles.

Fuente: El Gascón Jurado